A los cinco años de su puesta en marcha, y tras las vicisitudes de todo tipo por las que ha atravesado esta nueva arquitectura de protección social de las personas más vulnerables en términos de inclusión, el CERMI considera que ha llegado el momento de hacer balance de lo logrado y de adoptar medidas ambiciosas, aprendiendo de los errores, para asegurar su continuidad y estabilidad, que debe quedar fuera de toda duda.

 

En este gran pacto, tendrían que estar presentes apoyándolo las fuerzas políticas parlamentarias, el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales, los agentes sociales tradicionales y las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y las personas mayores, de modo que estuviera soportado en un gran consenso institucional y cívico.

 

Las medidas de impulso y consolidación, a juicio del CERMI, tendrían que pasar por culminar su desarrollo, sin moratorias o replanteamientos a la baja, garantizar su sostenibilidad económica, fortalecer la visión de la autonomía personal y la vida independiente frente a la dependencia pasiva y asegurar la equidad territorial sin tratos desiguales por razón del territorio.